Se creó, en primera instancia, bajo el abrigo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, hoy disposición derogada. Dicha disposición normativa venía a aumentar las competencias de la «Comisión de Vigilancia de las Infracciones de Control de Cambios», y, a su vez, renombrarla con la denominación que hoy conocemos: «Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias».
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