Fecha de última actualización: 11/01/2022
El GAFI en julio de 2021 publicó el informe titulado «blanqueo de capitales en crímenes contra el medioambiente». En este estudio refuerza los conocimientos del GAFI sobre los riesgos del blanqueo de capitales en este sector delictivo, poniendo de manifiesto la necesidad de seguir trabajando sobre esta materia.
Esta necesidad de poner el foco sobre los crímenes medioambientales no solo deriva del documento publicado por el GAFI a mediados de este año, sino que también órganos como el G7, G20 o la ONU ya han puesto de manifiesto la necesidad de atajar estos delitos, así como los flujos financieros derivados de estos. Por ejemplo, la Asamblea General de la ONU en diciembre de 2019, ya exhortaba a los Estados Miembros a tipificar como «delito grave el tráfico ilícito de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y otros delitos contra el medioambiente, como el tráfico de madera, metales preciosos, piedras preciosas y otros minerales».
Por otro lado, la UE ya en 2008 adoptó una Directiva relativa a la protección del medioambiente mediante el Derecho penal. La Comisión evidenció este año, a través de la Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025, la necesidad de prestar especial atención a los delitos contra el medioambiente. Por ello, la Comisión propondrá una modificación de esta Directiva «con el fin de aclarar el alcance de los delitos contra el medioambiente, aportar más precisión en lo que respecta a las sanciones, facilitar el uso de herramientas de investigación eficaces e impulsar la cooperación transfronteriza y el intercambio de información».
Esta Directiva fue transpuesta al Derecho español a través de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio.
Informe del GAFI
El GAFI señala que los delitos medioambientales generan anualmente entre 110.000 – 281.000 millones de dólares. Además, los delitos contra el medioambiente son el tercer sector delictivo más lucrativo; después del tráfico de drogas, la falsificación y el contrabando. Este dato incluye los beneficios obtenidos por delitos medioambientales como: los delitos forestales, la minería ilegal, el tráfico de residuos, el comercio ilegal de especies silvestres, la extracción ilegal y el robo de petróleo, y los delitos relacionados con la pesca ilegal.
En su informe el GAFI expone diversas formas en las que los criminales actúan. Por ejemplo, mediante el uso de empresas “pantalla” para combinar ganancias legales e ilegales. Estas empresas suelen estar relacionadas con el sector de los recursos naturales — empresas madereras, de residuos o mineras — y realizan un gran número de transacciones con un bajo margen de beneficio.
Por otro lado, resulta llamativo de este informe la especial atención que muestra el GAFI a los PEP — o personas con responsabilidad pública —. El informe señala que en algunos países ricos en recursos naturales, la emisión de licencias de explotación puede someterse a procesos opacos y expuestos a la corrupción. Es por ello que el GAFI indica lo relevante que es el monitoreo de PEPs y «como las estructuras empresariales complejas con conexiones con PEPs, o sus familiares, presentan desafíos para combatir la minería y la tala ilegal».
Por último, el GAFI indica que este tipo de delitos medioambientales suelen estar ligados a otros sectores delictivos. Como por ejemplo la corrupción; ya que no solo da acceso a la explotación de recursos sino que también puede servir de gran ayuda a la hora de exportar materia prima. También se evidencia la existencia de conexiones con el sector del tráfico de personas, todo ello para producir la mano de obra necesaria para llevar a cabo las actividades de minería y explotación forestal; o conexiones con el terrorismo, ya que este último utiliza los recursos naturales como fuente de financiación.
La ONU en 2014 ya alertaba de como la corrupción estaba teniendo un gran impacto en la generalización de la minería ilegal de arena, uno de los recursos naturales más explotados.
Soluciones que propone el GAFI
Para atajar este problema el GAFI propone una serie de buenas prácticas:
- Evaluaciones de riesgo coordinadas en las que participen organismos medioambientales y de lucha contra el blanqueo de capitales;
- legislación clara y coherente;
- guías para la cooperación nacional
- grupos de trabajo conjunto para el intercambio de información y la recuperación de activos.
En cuanto a las evaluaciones de riesgo, el GAFI señala que «existe la suposición errónea de que la falta de recursos naturales nacionales o de delitos ambientales significa que no hay necesidad de evaluar el riesgo». Ello deriva en una falta de asignación de recursos y de colaboración institucional que tiene como resultado un aumento de actividad delictiva y consecuentemente del blanqueo de capitales.
Por otro lado, el estudio también indica que existen ciertas brechas en los marcos jurídicos de los delitos medioambientales, coartando la respuesta de los países sobre este tipo de delitos así como la cooperación internacional. Es por ello que el GAFI propone soluciones como la implantación de sistemas transparentes de monitorización de licencias de extracción de recursos; o marcos administrativos en los que los funcionarios tienen poderes de ejecución claros para ayudar a mitigar el exceso de documentación falsa o la corrupción.
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