España y su definición de PEP

Fecha de última actualización: 26/05/2022

Las personas con responsabilidad pública son sujetos que ostentan la titularidad de cargos públicos de gran relevancia. Debido a su posición de poder, la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales les reserva una regulación específica, que se materializa en un deber específico de actuación por parte de los sujetos obligados.

España y su definición de PEP. (Foto por Pool Moncloa/JM Cuadrado)

¿Quiénes son las personas con responsabilidad pública? Aspectos generales.

La normativa española de prevención del blanqueo de capitales regula la condición de persona con responsabilidad pública en el artículo 14 de la Ley 10/2010. En este artículo se establece: la obligatoriedad de aplicar medidas reforzadas de diligencia debida sobre las personas con responsabilidad pública, una definición sobre este tipo de cliente, así como la necesidad de establecer procedimientos para determinar si el cliente es una persona con responsabilidad pública, entre otras medidas.

Definición prevista en la Ley

La normativa española, en el apartado segundo del artículo 14, define a las personas con responsabilidad pública como «aquellas que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes». Posteriormente pasa a enumerar una serie de cargos que tendrán esta consideración como: los jefes de Estado, ministros o secretarios de Estado, entre otros. 

Más adelante añade que también tendrán la consideración de personas con responsabilidad pública:

  • las personas que se consideren alto cargo según lo establecido en la Ley reguladora del ejercicio de altos cargos;
  • los cargos autonómicos que hayan desempeñado funciones públicas importantes en el ámbito autonómico;
  • alcaldes y concejales de municipios de más de 50.000 habitantes;
  • los cargos de alta dirección en partidos políticos con representación nacional, autonómica o local;
  • los cargos de alta dirección en organizaciones sindicales o empresariales españolas.

Además, la legislación española impera a aplicar también medidas reforzadas de diligencia debida para los familiares y allegados de las personas con responsabilidad pública. Considerado como familiar el cónyuge, padres, hijos y los cónyuges de los hijos de personas con responsabilidad pública; y como allegado a toda persona que mantenga una estrecha relación empresarial con la misma.

Ante esta amalgama de cargos y funciones la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias publicó el pasado mes de julio una lista de puestos que determinan la consideración de persona con responsabilidad pública.

Esta lista viene a cumplir con lo establecido en la Quinta Directiva en materia de prevención del blanqueo de capitales, la cual exhorta a los Estados miembro a elaborar una lista actualizada de las funciones que sean consideradas «funciones públicas importantes». Asimismo, el artículo 14 tiene un mandato legislativo para la Comisión, invitando a elaborar una lista de puestos y funciones que determinarán la condición de persona con responsabilidad pública

Lista de la Comisión

La Comisión divide la lista en cuatro grupos: (1) Partidos políticos y afines, (2) Estado, (3) Comunidades Autónomas y (4) Entidades Locales.

Partidos políticos y afines

Entrarán en esta categoría las personas que ocupen cargos de alta dirección de partidos políticos con representación parlamentaria nacional o autonómica. Posteriormente la Comisión enumera una serie de cargos que serán considerados alta dirección política como: la Presidencia, el comité ejecutivo o la tesorería. Es importante señalar que solo tendrán consideración de persona con responsabilidad pública los cargos de alta dirección con representación en las instituciones democráticas, quedando fuera de este marco los partidos no representados.

Por otro lado, la Comisión ha estimado meter dentro de este bloque a las organizaciones sindicales españolas, así como las organizaciones empresariales, enumerando en el documento una relación de puestos de alta dirección.

Estado

En el bloque de “Estado” la Comisión contempla una multitud de cargos de la Administración General del Estado. Desde la Presidencia del Gobierno, Vicepresidencias y Ministerios; pasando por las Secretarías Generales Técnicas e incluso cargos de la Administración Periférica del Estado como las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, también reconoce cargos de otras estructuras distintas a la Administración General del Estado como los senadores y congresistas; fiscales de Sala; Presidencias, Vicepresidencias y Magistraturas del Tribunal Supremo y Constitucional; entre otros.

Comunidad Autónoma

Dentro de esta categoría están contemplados cargos del poder ejecutivo autonómico como las Presidencias y Vicepresidencias de las Comunidades Autónomas; posiciones del poder legislativo autonómico como los diputados autonómicos. Destacan dentro de este bloque las direcciones de las empresas públicas participadas por la Comunidad Autónoma.

Entidades Locales

Para los municipios tendrán la consideración de persona con responsabilidad pública las Alcaldías y Concejalías de los municipios de más de 50.000 habitantes y, en todo caso, las capitales de provincia y Comunidad Autónoma.

Conclusión

La promulgación de esta lista por parte de la Comisión ha facilitado la labor de los sujetos al poder encuadrar específicamente qué cargos tendrán esta consideración. No obstante, la cantidad de cargos contemplados es abrumadora. Por ello, es imprescindible contar con herramientas digitales que ayuden en el proceso de identificación de los clientes, para determinar si tienen la consideración de persona con responsabilidad pública.


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Por Álvaro Serrano

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