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Reino Unido, igual que otros países de su entorno como Francia, Países Bajos, Portugal o España, también acota una regulación específica sobre las personas con responsabilidad pública. La principal norma anglosajona que delimita los aspectos más relevantes en la prevención del blanqueo de capitales es el The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds (Information on the Payer) Regulations 2017.
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Las personas con responsabilidad pública son un grupo de sujetos en los que la regulación en materia de prevención de blanqueo de capitales centra el foco. A lo largo de los años, y como resultado de la cooperación intergubernamental promovida por diversas instancias, entre ellas el GAFI, los Estados han ido fortaleciendo su regulación en lo que respecta a las personas expuestas políticamente. En este artículo, examinaremos el caso de República Dominicana y la definición que da este estado sobre los PEP.
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Siguiendo con la dinámica de otros Estados de la Unión Europea como España, Francia o Países Bajos; la jurisdicción lusa también acota la definición de persona expuesta políticamente — PEP —. Y también, como el resto de países de nuestro entorno, dicha definición y desarrollo normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales deriva de las Directivas europeas, además de la influencia ejercida por el GAFI en este tema.
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Finlandia, tal y como hacen otros países europeos como Francia, debe su normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorisimo a las Directivas europeas que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Es por ello que la definición de PEP que ofrece el país nórdico está estrechamente ligada con este instrumento jurídico europeo.
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Tal y como realizan otros Estados europeos como España, Francia tiene su propia definición de persona expuesta políticamente — PEP —. Dicha definición deriva de la transposición de las Directivas europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como del impulso del GAFI realizado sobre esta materia.
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El pasado agosto la Reserva Federal de Estados Unidos, junto con otros organismos reguladores norteamericanos como la Red de Control de Delitos Financieros o la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, emitieron un comunicado conjunto otorgando algo de luz a las medidas que se deberán realizar ante las personas políticamente expuestas o personas con responsabilidad pública.
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