
Las personas con responsabilidad pública son sujetos que ostentan la titularidad de cargos públicos de gran relevancia. Debido a su posición de poder, la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales les reserva una regulación específica, que se materializa en un deber específico de actuación por parte de los sujetos obligados. Y, como en otros muchos Estados, España no es ajena al concepto de persona expuesta políticamente.
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