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Finlandia, tal y como hacen otros países europeos como Francia, debe su normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorisimo a las Directivas europeas que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Es por ello que la definición de PEP que ofrece el país nórdico está estrechamente ligada con este instrumento jurídico europeo.
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Tal y como realizan otros Estados europeos como España, Francia tiene su propia definición de persona expuesta políticamente — PEP —. Dicha definición deriva de la transposición de las Directivas europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como del impulso del GAFI realizado sobre esta materia.
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El concepto de persona con responsabilidad pública — o persona expuesta políticamente — deriva de una colaboración intergubernamental en organismos internacionales como el GAFI. El resultado de esta colaboración se traslada a los ordenamientos jurídicos de cada Estado, siendo el analizado en el presente artículo el de Ecuador.
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Como todos los Estados pertenecientes a la Unión Europea, Países Bajos debe su regulación en materia de prevención del blanqueo de capitales a las iniciativas desarrolladas en el seno de la Unión. La principal ley que regula este ámbito es la Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme — Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo —, promulgada en 2008, la cual ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de los años.
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Las personas con responsabilidad pública son sujetos que ostentan la titularidad de cargos públicos de gran relevancia. Debido a su posición de poder, la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales les reserva una regulación específica, que se materializa en un deber específico de actuación por parte de los sujetos obligados.
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El pasado agosto la Reserva Federal de Estados Unidos, junto con otros organismos reguladores norteamericanos como la Red de Control de Delitos Financieros o la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, emitieron un comunicado conjunto otorgando algo de luz a las medidas que se deberán realizar ante las personas políticamente expuestas o personas con responsabilidad pública.
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Con éste terminamos nuestra serie de posts sobre la Diligencia Debida, con el grado máximo de diligencia: las medidas reforzadas de diligencia debida.
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