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Finlandia, tal y como hacen otros países europeos como Francia, debe su normativa en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorisimo a las Directivas europeas que se han ido desarrollando a lo largo de los años. Es por ello que la definición de PEP que ofrece el país nórdico está estrechamente ligada con este instrumento jurídico europeo.
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Tal y como hacen otros países de latinoamérica como Ecuador o Colombia, Uruguay también desarrolla el concepto de persona con responsabilidad pública — o persona políticamente expuesta, PEP —. Esta definición tiene como origen las recomendaciones establecidas por el GAFI, y en especial las recomendaciones 12 y 22; las cuales imperaban a las instituciones de crédito y demás sujetos obligados a saber quiénes eran sus clientes y si estos ostentaban una posición relevante en el espectro político, para posteriormente aplicarles a estos medidas reforzadas de diligencia debida.
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Tal y como realizan otros Estados europeos como España, Francia tiene su propia definición de persona expuesta políticamente — PEP —. Dicha definición deriva de la transposición de las Directivas europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales, así como del impulso del GAFI realizado sobre esta materia.
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El concepto de persona con responsabilidad pública — o persona expuesta políticamente — deriva de una colaboración intergubernamental en organismos internacionales como el GAFI. El resultado de esta colaboración se traslada a los ordenamientos jurídicos de cada Estado, siendo el analizado en el presente artículo el de Ecuador.
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Las relaciones de corresponsalía bancaria son un pilar fundamental para la interrelación de sistemas financieros de diversos países. Este grado de interconexión no ha pasado desapercibido para el mundo de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por ello se han establecido una serie de consideraciones específicas para este tipo de relaciones de negocio.
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Como todos los Estados pertenecientes a la Unión Europea, Países Bajos debe su regulación en materia de prevención del blanqueo de capitales a las iniciativas desarrolladas en el seno de la Unión. La principal ley que regula este ámbito es la Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme — Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo —, promulgada en 2008, la cual ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de los años.
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Compartir información en materia de prevención del blanqueo de capitales puede ser clave para mejorar la lucha contra esta lacra. El GAFI, ya en 2017, señalaba la importancia de compartir información dentro del sector privado.
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Las personas con responsabilidad pública son sujetos que ostentan la titularidad de cargos públicos de gran relevancia. Debido a su posición de poder, la legislación en materia de prevención del blanqueo de capitales les reserva una regulación específica, que se materializa en un deber específico de actuación por parte de los sujetos obligados. Y, como en otros muchos Estados, España no es ajena al concepto de persona expuesta políticamente.
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Los casinos de juego, así como los responsables de loterías u otros juegos de azar son también considerados sujetos obligados en aplicación de la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. En particular, los casinos de juego han sido considerados sujetos obligados desde la promulgación de la Ley 19/1993, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
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Como explicamos en anteriores artículos sobre sanciones financieras o contramedidas internacionales, éstas son instrumentos de coerción en materia de prevención y supresión del terrorismo, establecidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Este tipo de sanciones se establecen o bien sobre determinados países, o sobre personas físicas y jurídicas contemplados expresamente en la Resolución.
Continuar leyendo “Sanciones internacionales: un enfoque práctico”