Tal y como hacen otros países de latinoamérica como Ecuador o Colombia Uruguay también desarrolla el concepto de persona con responsabilidad pública — o persona políticamente expuesta, PEP —. Esta definición tiene como origen las recomendaciones establecidas por el GAFI, y en especial las recomendaciones 12 y 22; las cuales imperaban a las instituciones de crédito y demás sujetos obligados a saber quiénes eran sus clientes y si estos ostentaban una posición relevante en el espectro político, para posteriormente aplicarles a estos medidas reforzadas de diligencia debida.
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